Dra. Magda A. Rodríguez Azcona
La mujer ha estado presente en el desarrollo de la historia humana desde su inicio, sin embargo no siempre se le ha reconocido su importancia. Han sido desvalorizadas y subordinadas al poder masculino y han vivido discriminadas y desprovistas de derechos. Esta verdad es mucho más evidente en el ámbito político donde se la ha confinado por siglos a la invisibilidad y el anonimato. Para tener una idea de la magnitud de este fenómeno de exclusión y marginalidad, fijémonos en estos datos.
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en la actualidad hay en el mundo 1,300 millones de pobres y de ellos el 70 % son mujeres, dos terceras partes de los 876 millones de analfabetos del mundo corresponden al sexo femenino, 130 millones de niñas y mujeres han sufrido mutilación genital. Amnistía Internacional (AI) afirma según estudios que esta realidad se incrementa en dos millones cada año. Cifras del Banco Mundial revelan que el 20% de las mujeres han sufrido malos tratos físicos o agresiones sexuales. En el aspecto laboral, según la OIT, tan sólo un 54% de las mujeres en edad de trabajar lo hace frente al 80% de los hombres, y que globalmente ganan entre un 30 a un 50% menos que los hombres y desempeñan tan sólo el 1% de los cargos directivos. Según la Unión Interparlamentaria Mundial (UIP), de un total de 41,845 parlamentarios en el mundo tan sólo el 14.6% son mujeres.
La situación que se describe a nivel global no es diferente para América Latina. Según datos divulgados por el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidades para la Promoción de la Mujer (UN-INSTRAW, por sus siglas en inglés), las mujeres latinoamericanas encabezan sólo el 5,3% de las alcaldías en América Latina, mientras que ocupan un 16% de todos los cargos municipales y un 20,2% de los puestos parlamentarios.
El hecho de la marginalidad política de las mujeres ha provocado que diversas partes del mundo hayan llamado la atención sobre esta rémora del pasado que se resiste a desaparecer. Así vemos que la Unión Europea emitió la directiva sobre igualdad de trato (febrero de 1976), según la cual diversos estados miembros han adoptado “medidas promocionales a favor de las mujeres para facilitar su acceso a puestos de la administración pública”.
En adición a esto, la IV Conferencia de la Mujer, organizada por las Naciones Unidas en Beijing (septiembre del año 1995), acordó una Plataforma de Acción Mundial en la cual los gobiernos se comprometen a “tomar medidas para promover que hayan más mujeres en cargos de dirección, y para que participen en la toma de decisiones”.
La situación en República Dominicana
En el ámbito local se promulga la Ley Electoral 275-97, que establecía una cuota de candidaturas femeninas del 25%. Más tarde esta ley es mejorada con la 12-2000 y la13-2000, que obligan a los partidos políticos a incluir un mínimo de 33% en las candidaturas para ocupar cargos congresuales y municipales y un 50% para las candidaturas al cargo de Síndico/a o vice-Síndico/a.
Con estas medidas se espera que en la República Dominicana el panorama sea más alentador, considerando que el avance ha sido lento.
En el año de 1942 la dictadura de Rafael Trujillo le reconoció a las mujeres el derecho al sufragio, pero no será hasta 1962 que la representación femenina en el Congreso Nacional y los Ayuntamientos empieza a tener algún significado.
En los años sucesivos la presencia de la mujer en funciones electivas no ha sido constante, como lo demuestran los siguientes datos de la Junta Central Electoral:
En 1974 el 13.8% de representantes en la Cámara Baja eran mujeres. Esta proporción descendió a 6.7 % en el año 1982.
En 1970 la representación femenina en el Senado alcanzó un 14.8%; veinte años más tarde, en el 1990 no existía ninguna mujer electa en esa cámara.
En 1994, de 180 congresistas de ambas cámaras, solo 16 eran mujeres (8.88%).
Para 1998 hubo un ligero incremento en la participación femenina: 26 de 179 (14.5%). Esta proporción disminuyó ligeramente en el año 2002 (26 de 182 para un 14.2%) y se incrementó en las elecciones de 2006 a 17.5% (37 de 211).
En 1994 a nivel municipal la mujer alcanzó el 14.4% al ser electas 93 de 648 aspirantes. En el 1998 se incrementó considerablemente, auque por debajo de la cuota prevista, al obtener 185 de 756 plazas en disputa (24.4%). En las elecciones de 2002 y 2006 se ha mantenido esta proporción, especialmente por la obligatoriedad de llevar una mujer en la fórmula Síndico/a - Vicesindico/a.
Desde los 90’s las mujeres somos mayoría en el padrón electoral, no así en las instancias que manejan el poder político.
Esta situación se expresa no solo en los cargos electivos, sino también la administración pública en general, con la honrosa excepción del ámbito judicial donde las juezas representan el 47% de quienes imparten justicia en el país.
El camino ha sido largo pero nuestra meta de lograr mayor participación en la toma de decisiones políticas se va alcanzando. Para avanzar a mejor ritmo en este propósito, es necesario que más mujeres tomen parte activa en los asuntos políticos cultivando liderazgos propios en las organizaciones a que estén vinculadas.
La autora es Psiquiatra y Diputada al Congreso de la Rep. Dominicana.
