Opinión de Diario Libre sobre el tema del aborto.
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AM. - Al César lo que es del César
Para la iglesia católica es muy difícil admitir que existe un orden diferente al que ella pretende imponer. La distinción entre pecado y delito le parece extraña, porque por demasiado tiempo estuvo imponiendo sus conceptos de la moral y de la ética a las sociedades.Pero las comunidades actuales son plurireligiosas. En la comunidad nacional conviven todo tipo de religiones. Yo, por ejemplo, vivo cerca...
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lunes, 8 de junio de 2009
jueves, 4 de junio de 2009
Carta a la Conferencia Episcopal en repuesta a la posición de los Asambleístas que no apoyan el Art. 30 de la Reforma Constitucional
DRA. MAGDA A. RODRÍGUEZ AZCONA
Diputada de la República
Santiago, 29 de mayo de 2009.
Sres. Conferencia Episcopal Dominicana:
Excelencias:
En las celebraciones eucarísticas dominicales de las últimas dos semanas de mayo se ha leído una comunicación en que se hace mención de los congresistas que decidimos oponernos a la formulación donde se establece que “la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte”, cuyo texto aparece en el Art. 30 del Proyecto de Reforma a la Constitución.
La referida comunicación proyecta una imagen negativa de nosotros, acusándonos de haber traicionado la confianza de nuestros electores. Este señalamiento personal, sin precedentes en la tradición de la Iglesia Dominicana, me ha dolido porque encierra una injusticia y por mi condición de católica militante de muchos años, bien conocida por algunos de ustedes, empezando porque mi boda fue concelebrada por los Monseñores Tomás Abreu, José Dolores Grullón, Rafael Felipe. Mons. Ramón de la Rosa y Carpio me conoce a través de mi esposo, José Tavárez, ex seminarista bajo su orientación en la Diócesis de Ntra. Señora de la Altagracia.
Como pareja, José y yo hemos educado a nuestros hijos, Pablo Domingo, Sara Altagracia y Esther María, bajo la Fe que conocimos de nuestros padres, la misma a que ustedes honrosamente sirven. Sara fue una comprometida catequista dentro de la pastoral del Colegio de La Salle en esta ciudad de Santiago y ha mantenido este compromiso con mucha ilusión y entrega como estudiante universitaria.
En mi familia nuclear y en todo mi entorno ha causado verdadero estupor el hecho de que mi nombre fuera mencionado en el Sermón de las 7 Palabras y ahora nuevamente, siempre con la etiqueta de que soy contraria a la vida por promover el aborto. Quienes me han conocido como persona, médico-psiquiatra y política no acaban de entender el porqué de este ensañamiento contra mí por parte de la Iglesia, cuya fe he profesado toda mi vida y la cual confesé públicamente en mi declaración en la Asamblea Revisora, a sabiendas de que ello me crearía fricciones con sectores evangélicos que asumieron mi candidatura a diputada.
Al defender mi posición sobre el Art. 30 que se discute en la Asamblea Revisora he establecido con precisión que se debe considerar la totalidad de la vida y no restringir ese derecho al momento de la concepción. Desde el punto de vista de la moral y de la ciencia resulta inaceptable obligar a una mujer a continuar con un embarazo que afecta severamente su salud física y mental o que pone en grave riesgo su propia vida. Situaciones como estas se presentan en varias condiciones de salud, tales como insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, cierto tipo de cáncer, eclampsia severa, embarazos ectópicos o inviables y ante situaciones de violación e incesto.
He sostenido que ninguna interrupción del embarazo debe hacerse sin el consentimiento expreso de la madre o de su representante en caso de que ésta no pudiera expresar su voluntad. He dicho y reitero ante ustedes que rechazo firmemente el aborto indiscriminado, en la forma en que existe en otros países. Creo en estas cosas como mujer, en mi condición de médico y sin encontrar contradicción con la Fe que profeso.
En atención a cuanto he planteado, deseo pedirles que atiendan a las siguientes observaciones y sugerencias que les planteo de acuerdo a mi estado de conciencia y sin ánimo de contradecir el Magisterio que ustedes representan:
- En la moral católica hemos aprendido la pertinencia de establecer grados en la gravedad de las faltas y que estamos en el deber de decir toda la verdad, no solo parte de ella. Considero que al no establecer matices entre los tipos de abortos se nos coloca a quienes defendemos la interrupción del embarazo en ciertas circunstancias, como una opción a favor de la vida de una madre, en la misma situación de aquellos que lo proponen como política de control natal o simple conveniencia personal.
- Me parece oportuno que se revise la orientación de llamar a no votar por determinados candidatos, pues no ha sido tradición de la iglesia tomar partido de forma tan directa en una materia tan delicada como es la cuestión de simpatías políticas.
- Creo que se debe evitar la mención y alusión directa a mi persona o a cualquiera de los colegas que están en mi situación, toda vez que esto pudiera entenderse como una acción intimidatoria o al menos como uso desproporcionado de la fuerza moral que todos le reconocemos a la Iglesia Católica Dominicana.
- Estoy convencida de que, independientemente de si me asiste la razón o estoy equivocada, he actuado de buena fe y siguiendo los dictados de mi conciencia. He dicho públicamente que no puedo favorecer ninguna medida que no esté dispuesta a cumplir de manera personal, y si mi hija estuviera en peligro de muerte en una situación de embarazo, que Dios no quiera, no dudaría en apoyar su decisión de interrumpirlo. La interrupción del embarazo en situaciones como éstas a que se ven enfrentadas miles de mujeres, especialmente las más pobres de nuestro país, es el que yo he defendido. Por eso me siento injustamente tratada cuando se me pone en el mismo bando de quienes lo hacen por motivaciones de otra naturaleza.
- Reconozco el derecho de la Iglesia a defender sus puntos de vista en asuntos doctrinarios y de fe, pero sin olvidar que esta defensa no puede ser a cualquier precio, como se desprende de las enseñanzas que nos ofrece la historia y que ha justificado la petición de perdón y las rectificaciones introducidas. Confieso que me he sentido hondamente lastimada en mi condición de cristiana y mujer que ha construido un nombre en función de una conducta digna, reconocida por muchos en mi comunidad, quienes me han elegido como su representante ante el Congreso Nacional. Me he sentido aun más dolida y confundida porque se pretende estigmatizarme en un grado tal que supera a verdaderos criminales que asolan a la juventud dominicana promoviendo el vicio o depredando el patrimonio nacional, pero cuyos nombres no son mencionados públicamente como se ha hecho con el mío.
- Creo que la verdad y el establecimiento de la razón deberán imponerse por su propio peso, sin necesidad de acudir al recurso de la fuerza, ya sea esta física o moral. Como fiel creyente en el sistema democrático, he aceptado con buena actitud la decisión de mis colegas diputados y diputadas de acoger en primera lectura el Art. 30 tal como fue remitido por el Presidente Fernández y por igual lo aceptaría si este fuera el designio final de la mayoría.
Con sentimientos de profundo respeto y con la esperanza de que ponderen estas consideraciones, les saludo con humildad y afectos,
Atentamente,
Dra. Magda Alina Rodríguez Azcona
ONGs de Santiago apoyan Diputadas y diputados que se opusieron a la forma como se aprobó en primera lectura el Art. 30 sobre el derecho a la vida
En la mañana del Miércoles 3 de Junio de 2009 fue realizada en Santiago una rueda de prensa en la que se entregó el siguiente documento:
La Coordinadora de Mujeres del Cibao (CMC), Profamilia y el Núcleo de Apoyo a la Mujer, (NAM) reiteramos nuestro apoyo a la diputada Magda Rodríguez Azcona y a los diputados Demóstenes Martínez y Gilberto Serulle, representantes los tres de la Provincia de Santiago, por haber mantenido una postura digna en la Asamblea Nacional Revisora de la Constitución.
Santiago reconoce y valora a estas personas por sus conductas verticales, serias y responsables en el ejercicio político, profesional y ciudadano.
El que se hayan opuesto a que en la Constitución de la República aparezca la fórmula absoluta del derecho a la vida del no nato por encima del derecho a la vida de la madre es porque entienden las graves consecuencias que la misma acarrearía a la sociedad dominicana.
Existen tres situaciones, que de mantenerse esa formulación del derecho a la vida, la mujer no podría ser asistida por el personal médico y estaría forzada a llevar hasta el final el embarazo sin importar los traumas emocionales y psicológicos para la propia mujer y el resto de su familia o morir en el proceso. En esta última situación la madre dejaría en la orfandad a sus otros hijos e hijas por la prohibición constitucional.
También, de aprobarse el artículo 30 de manera definitiva, impediría el uso de algunos métodos anticonceptivos, la planificación familiar, y la investigación científica de las células madres.
Entendemos que nuestra Constitución y el Estado de derecho en la sociedad dominicana se fundamentan, como uno de sus valores esenciales en la libertad de creencias, y en un marco institucional democrático con un Estado laico y aconfesional.
La Dra. Magda Rodríguez, y los Dres. Demóstenes Martínez y Gilberto Serulle han sido representantes consecuentes de todas las mujeres de esta provincia, respetando los derechos adquiridos, manteniendo una visión científica, y sin dejarse llevar de las conocidas presiones ejercidas al pleno del Congreso por una parte de las iglesias, sobre todo la Católica.
En ese sentido, las organizaciones que firmamos, de las que parte de sus integrantes son mujeres cristianas seguras de nuestro derecho a decidir, repudiamos la decisión de identificar y denostar a los 32 legisladores y legisladoras que votaron en contra del artículo 30, asumida por vicarios zonales y episcopales, en una reunión, en la que se decidió dar a conocer los nombres de estos/as asambleístas en las parroquias respectivas, a través de las misas dominicales, reuniones y encuentros, llamando al pueblo dominicano a no votar por ellos y ellas en las próximas elecciones congresionales y municipales.
Nuestro pueblo y sus mujeres, principalmente, nos merecemos una Constitución que no atente con los derechos fundamentales de todas las vidas, que respete la libertad de creencias, los derechos humanos de las mujeres a vivir como entes con una vida de ciudadanía plena sobre lo potencial; una Constitución que respete la diversidad propia de una sociedad laica, libre de dogmatismos y fundamentalismos insensibles con la dignidad y la salud de las mujeres.
Estamos conscientes que hay grupos religiosos que entienden la necesidad de un Estado laico, y otros que reconocen las excepciones donde se debe interrumpir un embarazo, y que por tanto, la diversidad de creencias se da también en todos los estamentos de la sociedad dominicana.
Por la vida de todas y todos, militemos en la tolerancia, y saquemos las represiones y divisiones políticas de espacios donde debe primar la unidad, el respeto y el amor.
NOTA PARA LA PRENSA
La Coordinadora de Mujeres del Cibao (CMC), Profamilia y el Núcleo de Apoyo a la Mujer, (NAM) reiteramos nuestro apoyo a la diputada Magda Rodríguez Azcona y a los diputados Demóstenes Martínez y Gilberto Serulle, representantes los tres de la Provincia de Santiago, por haber mantenido una postura digna en la Asamblea Nacional Revisora de la Constitución.
Santiago reconoce y valora a estas personas por sus conductas verticales, serias y responsables en el ejercicio político, profesional y ciudadano.
El que se hayan opuesto a que en la Constitución de la República aparezca la fórmula absoluta del derecho a la vida del no nato por encima del derecho a la vida de la madre es porque entienden las graves consecuencias que la misma acarrearía a la sociedad dominicana.
Existen tres situaciones, que de mantenerse esa formulación del derecho a la vida, la mujer no podría ser asistida por el personal médico y estaría forzada a llevar hasta el final el embarazo sin importar los traumas emocionales y psicológicos para la propia mujer y el resto de su familia o morir en el proceso. En esta última situación la madre dejaría en la orfandad a sus otros hijos e hijas por la prohibición constitucional.
También, de aprobarse el artículo 30 de manera definitiva, impediría el uso de algunos métodos anticonceptivos, la planificación familiar, y la investigación científica de las células madres.
Entendemos que nuestra Constitución y el Estado de derecho en la sociedad dominicana se fundamentan, como uno de sus valores esenciales en la libertad de creencias, y en un marco institucional democrático con un Estado laico y aconfesional.
La Dra. Magda Rodríguez, y los Dres. Demóstenes Martínez y Gilberto Serulle han sido representantes consecuentes de todas las mujeres de esta provincia, respetando los derechos adquiridos, manteniendo una visión científica, y sin dejarse llevar de las conocidas presiones ejercidas al pleno del Congreso por una parte de las iglesias, sobre todo la Católica.
En ese sentido, las organizaciones que firmamos, de las que parte de sus integrantes son mujeres cristianas seguras de nuestro derecho a decidir, repudiamos la decisión de identificar y denostar a los 32 legisladores y legisladoras que votaron en contra del artículo 30, asumida por vicarios zonales y episcopales, en una reunión, en la que se decidió dar a conocer los nombres de estos/as asambleístas en las parroquias respectivas, a través de las misas dominicales, reuniones y encuentros, llamando al pueblo dominicano a no votar por ellos y ellas en las próximas elecciones congresionales y municipales.
Nuestro pueblo y sus mujeres, principalmente, nos merecemos una Constitución que no atente con los derechos fundamentales de todas las vidas, que respete la libertad de creencias, los derechos humanos de las mujeres a vivir como entes con una vida de ciudadanía plena sobre lo potencial; una Constitución que respete la diversidad propia de una sociedad laica, libre de dogmatismos y fundamentalismos insensibles con la dignidad y la salud de las mujeres.
Estamos conscientes que hay grupos religiosos que entienden la necesidad de un Estado laico, y otros que reconocen las excepciones donde se debe interrumpir un embarazo, y que por tanto, la diversidad de creencias se da también en todos los estamentos de la sociedad dominicana.
Por la vida de todas y todos, militemos en la tolerancia, y saquemos las represiones y divisiones políticas de espacios donde debe primar la unidad, el respeto y el amor.
Coordinadora de Mujeres del Cibao, CMC
Profamilia
Núcleo de Apoyo a la Mujer, NAM
Profamilia
Núcleo de Apoyo a la Mujer, NAM
domingo, 3 de mayo de 2009
Dra. Magda Rodríguez, diputada al Congreso, fija posición frente al Art. 30 de la Reforma Constitucional
Participación de la Diputada Dra. Magda Rodríguez, mientras fijaba su posición en la Asamblea Revisora frente al Art. 30 de la Reforma Constitucional.
Hacer click en el siguiente enlace:
http://www.youtube.com/watch?v=-8q7G4B1X0w
Hacer click en el siguiente enlace:
http://www.youtube.com/watch?v=-8q7G4B1X0w
martes, 14 de abril de 2009
DRA. MAGDA A. RODRÍGUEZ AZCONA
Diputada de la República
Santiago, 13 abril de 2009
NUESTRA POSICIÓN ANTE EL TEMA DEL ABORTO
Recientemente mi nombre fue mencionado, junto al de mis colegas diputados Minou Tavárez Mirabal y Víctor Terrero, como promotores de la Reforma Constitucional que despenaliza el aborto en República Dominicana. Ante tales alusiones, que han tenido mayor trascendencia por haberse hecho en el contexto del Sermón de las Siete Palabras, nos vemos precisadas a puntualizar lo siguiente:
1. En nuestra condición de presidenta de la Comisión de Género hemos recibido diversas comisiones que procuran que su voz sea escuchada sobre el tema relativo al aborto. En ese espíritu hemos recibido las posiciones de personas y grupos que propugnan por una despenalización total del aborto, dejando en manos de la mujer el pleno derecho para decidir sobre esta materia, así como las de aquellos que se oponen de forma radical a que se despenalice la interrupción del embarazo en cualquier circunstancia.
2. Hasta el presente nuestro rol como legisladora se ha limitado a escuchar a las partes con interés en el tema, incluyendo la de personas que han ido a advertirnos sobre los potenciales riesgos de tomar partido a favor o en contra de los intereses que defienden. Esto no quiere decir sin embargo que no tengamos nuestro propio punto de vista sobre un tema de transcendental importancia como lo es el aborto y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres
3. Aunque no le suponemos al padre Ruiz intenciones de dañar nuestra reputación personal, profesional o como legisladora lo cierto es que nos presenta ante la comunidad nacional, por ende ante nuestros electores, como personas desaprensivas que no tenemos respeto por la vida
4. En nuestra condición de legisladora, como médico y mujer de profundas convicciones cristianas proferimos evitar los extremismos o fundamentalismos de cualquier signo. Por eso hemos defendido en privado, y ahora lo hacemos en público, la posición de que se despenalice el aborto terapéutico, es decir, en los casos en que la vida de la madre esté en serio riesgo y cuando el embarazo sea producto de una violación o de una relación incestuosa. En cada uno de estos casos se deberá obtener el consentimiento expreso de la madre.
5. Permitir el aborto de forma generalizada y caprichosa no ha estado nunca dentro de nuestros propósitos, por igual nos parece irresponsable poner en riesgo la vida ya nacida de una mujer, en ocasiones madre de hijos e hijas que requieren de su presencia, y que lleva en su vientre un producto inviable o padece trastornos de salud incompatibles con la condición de embarazada. Asimismo nos parece oportuno recordar que existen actos de violación a menores, como el publicitado caso de Brasil, donde un embarazo, por demás incestuoso, entraña un grave riesgo de muerte para una niña cuya voluntad ha sido ignorada por algún depredador de ocasión.
6. Siento que no debemos hacer leyes que no estemos en disposición de cumplir, y yo como madre les digo a quienes me quieran escuchar que si salvar la vida de mi hija implicara interrumpir su embarazo, lo haría porque para mí es una prioridad la vida nacida y desarrollada. Como creyente tengo muy pendiente la responsabilidad de legislar evitando las posiciones fariseas criticadas por Jesús al afirmar: “Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres; pero ellos ni con un dedo quieren moverlas". Mat.23, 4
Dra. Magda A. Rodríguez Azcona.
Diputada por Santiago
martes, 24 de marzo de 2009
La Constitución que Queremos las Mujeres
Extracto de la ponencia de la Dra. Magda Rodríguez en San Cristóbal el pasado 6 de Noviembre de 2008, en el marco del Día de la Constitución.
Honorable Sr. presidente de la Cámara de diputados y diputadas, Dr. Julio Cesar Valentín, honorable Diputada Idenia Doñé, Diputada de San Cristóbal, Sra. Sonia Díaz representante de la Secretaria de la Mujer, Honorables miembras de la comisión de género, Distinguidas invitadas:
Expreso en nombre de la Comisión de Genero mi gran satisfacción por la realización de esta actividad en que las mujeres podemos manifestar nuestras aspiraciones frente al proceso de modificación a nuestra constitución, proyecto que se discute actualmente en el país.
Somos conscientes de la necesidad de que la constitución resultante debe ser fruto de todo un debate nacional, que incorpore a todos los sujetos de la nación.
Las mujeres en este proceso rescatamos el valor de la decisión en colectivo, para la definición de las normas fundamentales de convivencia y organización de nuestra nación.
Decisiones en colectivo que no hagan más altisonantes algunas voces y sujetos, sino que reconozca que las realidades que viven las mujeres solo pueden ser vistas a través de sus miradas, y vivencias.
En 1844, cuando es adoptada nuestra carta sustantiva, las mujeres estábamos absolutamente ausentes, excluidas de la vida pública, no sólo no teníamos acceso a la participación política, ni siquiera votábamos hasta el año 1942, sino que aun el espacio al que estábamos confinadas, el doméstico, tampoco garantizaba derechos.
164 años más tarde algunas cosas han cambiado, si bien seguimos siendo responsables del ámbito doméstico, compartimos el espacio público, político y laboral representando cerca del 40% de las trabajadoras del país, incluyendo el servicio doméstico e informal.
En materia educativa estamos equiparadas en cuanto a los hombres y en algunas carreras superamos a los varones en las universidades. Pretendemos que la constitución reconozca estos cambios.
En el entendido de que la constitución representa el pacto social a partir del cual se organiza la convivencia en nuestra sociedad, las mujeres manifestamos nuestra decisión de ser parte integral de las decisiones sobre el contenido de nuestra constitución.
Asistimos a la refundación del Estado, y en ese nuevo escenario se impone reafirmar la igualdad como una base sustancial de nuestra democracia, y esto implica que la misma sea una realidad para todas las ciudadanas que durante 164 años de vida constitucional hemos estado relegadas.
Expreso en nombre de la Comisión de Genero mi gran satisfacción por la realización de esta actividad en que las mujeres podemos manifestar nuestras aspiraciones frente al proceso de modificación a nuestra constitución, proyecto que se discute actualmente en el país.
Somos conscientes de la necesidad de que la constitución resultante debe ser fruto de todo un debate nacional, que incorpore a todos los sujetos de la nación.
Las mujeres en este proceso rescatamos el valor de la decisión en colectivo, para la definición de las normas fundamentales de convivencia y organización de nuestra nación.
Decisiones en colectivo que no hagan más altisonantes algunas voces y sujetos, sino que reconozca que las realidades que viven las mujeres solo pueden ser vistas a través de sus miradas, y vivencias.
En 1844, cuando es adoptada nuestra carta sustantiva, las mujeres estábamos absolutamente ausentes, excluidas de la vida pública, no sólo no teníamos acceso a la participación política, ni siquiera votábamos hasta el año 1942, sino que aun el espacio al que estábamos confinadas, el doméstico, tampoco garantizaba derechos.
164 años más tarde algunas cosas han cambiado, si bien seguimos siendo responsables del ámbito doméstico, compartimos el espacio público, político y laboral representando cerca del 40% de las trabajadoras del país, incluyendo el servicio doméstico e informal.
En materia educativa estamos equiparadas en cuanto a los hombres y en algunas carreras superamos a los varones en las universidades. Pretendemos que la constitución reconozca estos cambios.
En el entendido de que la constitución representa el pacto social a partir del cual se organiza la convivencia en nuestra sociedad, las mujeres manifestamos nuestra decisión de ser parte integral de las decisiones sobre el contenido de nuestra constitución.
Asistimos a la refundación del Estado, y en ese nuevo escenario se impone reafirmar la igualdad como una base sustancial de nuestra democracia, y esto implica que la misma sea una realidad para todas las ciudadanas que durante 164 años de vida constitucional hemos estado relegadas.
Nuestro país como todos los del continente, aunque con diferencias de redacción reconocen los derechos humanos de hombres y mujeres como esenciales para la gobernabilidad y para el desarrollo. Hacemos votos para que trabajemos para mejorar esa gobernabilidad y hacer posible el desarrollo.
Que esos derechos sean plasmados de manera específica es parte de nuestras demandas en este día de trascendental importancia en que proclamamos la constitución que queremos las mujeres.
lunes, 26 de enero de 2009
Revista Magda: "Presencia y Compromiso"
Nota de prensa
Con el propósito de continuar informando a la comunidad y al país sobre su gestión congresual, la Dra. Magda Rodríguez hace pública la cuarta edición de su revista “Magda: Presencia y Compromiso”.
En este número se hace un recuento de las actividades realizadas por la diputada en el cumplimiento de sus responsabilidades legislativas y comunitarias y se incluyen interesantes temas sobre salud, el medio ambiente, la participación de la mujer en la vida política y otros asuntos de interés general.
De forma especial, en esta entrega de “Magda: Presencia y Compromiso” se incluye un artículo de la reconocida politóloga Rosario Espinal que trata sobre los desafíos que debe enfrentar el nuevo presidente de los Estados Unidos Barack Obama, así como una breve biografía de Norge Botello, símbolo de dignidad y patriotismo, fallecido recientemente.
La Dra. Magda Rodríguez invita a sus lectores para que disfruten el variado contenido de la cuarta edición de su revista que ya está circulando.
Para acceder al contenido vaya al siguiente enlace:
http://www.4shared.com/dir/12228475/11dd1136/Revista__4_Febrero_2009.htm
domingo, 23 de noviembre de 2008
PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA VIDA POLÍTICA.
Dra. Magda A. Rodríguez Azcona
La mujer ha estado presente en el desarrollo de la historia humana desde su inicio, sin embargo no siempre se le ha reconocido su importancia. Han sido desvalorizadas y subordinadas al poder masculino y han vivido discriminadas y desprovistas de derechos. Esta verdad es mucho más evidente en el ámbito político donde se la ha confinado por siglos a la invisibilidad y el anonimato. Para tener una idea de la magnitud de este fenómeno de exclusión y marginalidad, fijémonos en estos datos.
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en la actualidad hay en el mundo 1,300 millones de pobres y de ellos el 70 % son mujeres, dos terceras partes de los 876 millones de analfabetos del mundo corresponden al sexo femenino, 130 millones de niñas y mujeres han sufrido mutilación genital. Amnistía Internacional (AI) afirma según estudios que esta realidad se incrementa en dos millones cada año. Cifras del Banco Mundial revelan que el 20% de las mujeres han sufrido malos tratos físicos o agresiones sexuales. En el aspecto laboral, según la OIT, tan sólo un 54% de las mujeres en edad de trabajar lo hace frente al 80% de los hombres, y que globalmente ganan entre un 30 a un 50% menos que los hombres y desempeñan tan sólo el 1% de los cargos directivos. Según la Unión Interparlamentaria Mundial (UIP), de un total de 41,845 parlamentarios en el mundo tan sólo el 14.6% son mujeres.
La situación que se describe a nivel global no es diferente para América Latina. Según datos divulgados por el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidades para la Promoción de la Mujer (UN-INSTRAW, por sus siglas en inglés), las mujeres latinoamericanas encabezan sólo el 5,3% de las alcaldías en América Latina, mientras que ocupan un 16% de todos los cargos municipales y un 20,2% de los puestos parlamentarios.
El hecho de la marginalidad política de las mujeres ha provocado que diversas partes del mundo hayan llamado la atención sobre esta rémora del pasado que se resiste a desaparecer. Así vemos que la Unión Europea emitió la directiva sobre igualdad de trato (febrero de 1976), según la cual diversos estados miembros han adoptado “medidas promocionales a favor de las mujeres para facilitar su acceso a puestos de la administración pública”.
En adición a esto, la IV Conferencia de la Mujer, organizada por las Naciones Unidas en Beijing (septiembre del año 1995), acordó una Plataforma de Acción Mundial en la cual los gobiernos se comprometen a “tomar medidas para promover que hayan más mujeres en cargos de dirección, y para que participen en la toma de decisiones”.
La situación en República Dominicana
En el ámbito local se promulga la Ley Electoral 275-97, que establecía una cuota de candidaturas femeninas del 25%. Más tarde esta ley es mejorada con la 12-2000 y la13-2000, que obligan a los partidos políticos a incluir un mínimo de 33% en las candidaturas para ocupar cargos congresuales y municipales y un 50% para las candidaturas al cargo de Síndico/a o vice-Síndico/a.
Con estas medidas se espera que en la República Dominicana el panorama sea más alentador, considerando que el avance ha sido lento.
En el año de 1942 la dictadura de Rafael Trujillo le reconoció a las mujeres el derecho al sufragio, pero no será hasta 1962 que la representación femenina en el Congreso Nacional y los Ayuntamientos empieza a tener algún significado.
En los años sucesivos la presencia de la mujer en funciones electivas no ha sido constante, como lo demuestran los siguientes datos de la Junta Central Electoral:
En 1974 el 13.8% de representantes en la Cámara Baja eran mujeres. Esta proporción descendió a 6.7 % en el año 1982.
En 1970 la representación femenina en el Senado alcanzó un 14.8%; veinte años más tarde, en el 1990 no existía ninguna mujer electa en esa cámara.
En 1994, de 180 congresistas de ambas cámaras, solo 16 eran mujeres (8.88%).
Para 1998 hubo un ligero incremento en la participación femenina: 26 de 179 (14.5%). Esta proporción disminuyó ligeramente en el año 2002 (26 de 182 para un 14.2%) y se incrementó en las elecciones de 2006 a 17.5% (37 de 211).
En 1994 a nivel municipal la mujer alcanzó el 14.4% al ser electas 93 de 648 aspirantes. En el 1998 se incrementó considerablemente, auque por debajo de la cuota prevista, al obtener 185 de 756 plazas en disputa (24.4%). En las elecciones de 2002 y 2006 se ha mantenido esta proporción, especialmente por la obligatoriedad de llevar una mujer en la fórmula Síndico/a - Vicesindico/a.
Desde los 90’s las mujeres somos mayoría en el padrón electoral, no así en las instancias que manejan el poder político.
Esta situación se expresa no solo en los cargos electivos, sino también la administración pública en general, con la honrosa excepción del ámbito judicial donde las juezas representan el 47% de quienes imparten justicia en el país.
El camino ha sido largo pero nuestra meta de lograr mayor participación en la toma de decisiones políticas se va alcanzando. Para avanzar a mejor ritmo en este propósito, es necesario que más mujeres tomen parte activa en los asuntos políticos cultivando liderazgos propios en las organizaciones a que estén vinculadas.
Dra. Magda A. Rodríguez Azcona
La mujer ha estado presente en el desarrollo de la historia humana desde su inicio, sin embargo no siempre se le ha reconocido su importancia. Han sido desvalorizadas y subordinadas al poder masculino y han vivido discriminadas y desprovistas de derechos. Esta verdad es mucho más evidente en el ámbito político donde se la ha confinado por siglos a la invisibilidad y el anonimato. Para tener una idea de la magnitud de este fenómeno de exclusión y marginalidad, fijémonos en estos datos.
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en la actualidad hay en el mundo 1,300 millones de pobres y de ellos el 70 % son mujeres, dos terceras partes de los 876 millones de analfabetos del mundo corresponden al sexo femenino, 130 millones de niñas y mujeres han sufrido mutilación genital. Amnistía Internacional (AI) afirma según estudios que esta realidad se incrementa en dos millones cada año. Cifras del Banco Mundial revelan que el 20% de las mujeres han sufrido malos tratos físicos o agresiones sexuales. En el aspecto laboral, según la OIT, tan sólo un 54% de las mujeres en edad de trabajar lo hace frente al 80% de los hombres, y que globalmente ganan entre un 30 a un 50% menos que los hombres y desempeñan tan sólo el 1% de los cargos directivos. Según la Unión Interparlamentaria Mundial (UIP), de un total de 41,845 parlamentarios en el mundo tan sólo el 14.6% son mujeres.
La situación que se describe a nivel global no es diferente para América Latina. Según datos divulgados por el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidades para la Promoción de la Mujer (UN-INSTRAW, por sus siglas en inglés), las mujeres latinoamericanas encabezan sólo el 5,3% de las alcaldías en América Latina, mientras que ocupan un 16% de todos los cargos municipales y un 20,2% de los puestos parlamentarios.
El hecho de la marginalidad política de las mujeres ha provocado que diversas partes del mundo hayan llamado la atención sobre esta rémora del pasado que se resiste a desaparecer. Así vemos que la Unión Europea emitió la directiva sobre igualdad de trato (febrero de 1976), según la cual diversos estados miembros han adoptado “medidas promocionales a favor de las mujeres para facilitar su acceso a puestos de la administración pública”.
En adición a esto, la IV Conferencia de la Mujer, organizada por las Naciones Unidas en Beijing (septiembre del año 1995), acordó una Plataforma de Acción Mundial en la cual los gobiernos se comprometen a “tomar medidas para promover que hayan más mujeres en cargos de dirección, y para que participen en la toma de decisiones”.
La situación en República Dominicana
En el ámbito local se promulga la Ley Electoral 275-97, que establecía una cuota de candidaturas femeninas del 25%. Más tarde esta ley es mejorada con la 12-2000 y la13-2000, que obligan a los partidos políticos a incluir un mínimo de 33% en las candidaturas para ocupar cargos congresuales y municipales y un 50% para las candidaturas al cargo de Síndico/a o vice-Síndico/a.
Con estas medidas se espera que en la República Dominicana el panorama sea más alentador, considerando que el avance ha sido lento.
En el año de 1942 la dictadura de Rafael Trujillo le reconoció a las mujeres el derecho al sufragio, pero no será hasta 1962 que la representación femenina en el Congreso Nacional y los Ayuntamientos empieza a tener algún significado.
En los años sucesivos la presencia de la mujer en funciones electivas no ha sido constante, como lo demuestran los siguientes datos de la Junta Central Electoral:
En 1974 el 13.8% de representantes en la Cámara Baja eran mujeres. Esta proporción descendió a 6.7 % en el año 1982.
En 1970 la representación femenina en el Senado alcanzó un 14.8%; veinte años más tarde, en el 1990 no existía ninguna mujer electa en esa cámara.
En 1994, de 180 congresistas de ambas cámaras, solo 16 eran mujeres (8.88%).
Para 1998 hubo un ligero incremento en la participación femenina: 26 de 179 (14.5%). Esta proporción disminuyó ligeramente en el año 2002 (26 de 182 para un 14.2%) y se incrementó en las elecciones de 2006 a 17.5% (37 de 211).
En 1994 a nivel municipal la mujer alcanzó el 14.4% al ser electas 93 de 648 aspirantes. En el 1998 se incrementó considerablemente, auque por debajo de la cuota prevista, al obtener 185 de 756 plazas en disputa (24.4%). En las elecciones de 2002 y 2006 se ha mantenido esta proporción, especialmente por la obligatoriedad de llevar una mujer en la fórmula Síndico/a - Vicesindico/a.
Desde los 90’s las mujeres somos mayoría en el padrón electoral, no así en las instancias que manejan el poder político.
Esta situación se expresa no solo en los cargos electivos, sino también la administración pública en general, con la honrosa excepción del ámbito judicial donde las juezas representan el 47% de quienes imparten justicia en el país.
El camino ha sido largo pero nuestra meta de lograr mayor participación en la toma de decisiones políticas se va alcanzando. Para avanzar a mejor ritmo en este propósito, es necesario que más mujeres tomen parte activa en los asuntos políticos cultivando liderazgos propios en las organizaciones a que estén vinculadas.
La autora es Psiquiatra y Diputada al Congreso de la Rep. Dominicana.
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