Carta a la Conferencia Episcopal en repuesta a la posición de los Asambleístas que no apoyan el Art. 30 de la Reforma Constitucional

DRA. MAGDA A. RODRÍGUEZ AZCONA
Diputada de la República

Santiago, 29 de mayo de 2009.

Sres. Conferencia Episcopal Dominicana:

Excelencias:

En las celebraciones eucarísticas dominicales de las últimas dos semanas de mayo se ha leído una comunicación en que se hace mención de los congresistas que decidimos oponernos a la formulación donde se establece que “la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte”, cuyo texto aparece en el Art. 30 del Proyecto de Reforma a la Constitución.

La referida comunicación proyecta una imagen negativa de nosotros, acusándonos de haber traicionado la confianza de nuestros electores. Este señalamiento personal, sin precedentes en la tradición de la Iglesia Dominicana, me ha dolido porque encierra una injusticia y por mi condición de católica militante de muchos años, bien conocida por algunos de ustedes, empezando porque mi boda fue concelebrada por los Monseñores Tomás Abreu, José Dolores Grullón, Rafael Felipe. Mons. Ramón de la Rosa y Carpio me conoce a través de mi esposo, José Tavárez, ex seminarista bajo su orientación en la Diócesis de Ntra. Señora de la Altagracia.

Como pareja, José y yo hemos educado a nuestros hijos, Pablo Domingo, Sara Altagracia y Esther María, bajo la Fe que conocimos de nuestros padres, la misma a que ustedes honrosamente sirven. Sara fue una comprometida catequista dentro de la pastoral del Colegio de La Salle en esta ciudad de Santiago y ha mantenido este compromiso con mucha ilusión y entrega como estudiante universitaria.

En mi familia nuclear y en todo mi entorno ha causado verdadero estupor el hecho de que mi nombre fuera mencionado en el Sermón de las 7 Palabras y ahora nuevamente, siempre con la etiqueta de que soy contraria a la vida por promover el aborto. Quienes me han conocido como persona, médico-psiquiatra y política no acaban de entender el porqué de este ensañamiento contra mí por parte de la Iglesia, cuya fe he profesado toda mi vida y la cual confesé públicamente en mi declaración en la Asamblea Revisora, a sabiendas de que ello me crearía fricciones con sectores evangélicos que asumieron mi candidatura a diputada.

Al defender mi posición sobre el Art. 30 que se discute en la Asamblea Revisora he establecido con precisión que se debe considerar la totalidad de la vida y no restringir ese derecho al momento de la concepción. Desde el punto de vista de la moral y de la ciencia resulta inaceptable obligar a una mujer a continuar con un embarazo que afecta severamente su salud física y mental o que pone en grave riesgo su propia vida. Situaciones como estas se presentan en varias condiciones de salud, tales como insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, cierto tipo de cáncer, eclampsia severa, embarazos ectópicos o inviables y ante situaciones de violación e incesto.

He sostenido que ninguna interrupción del embarazo debe hacerse sin el consentimiento expreso de la madre o de su representante en caso de que ésta no pudiera expresar su voluntad. He dicho y reitero ante ustedes que rechazo firmemente el aborto indiscriminado, en la forma en que existe en otros países. Creo en estas cosas como mujer, en mi condición de médico y sin encontrar contradicción con la Fe que profeso.

En atención a cuanto he planteado, deseo pedirles que atiendan a las siguientes observaciones y sugerencias que les planteo de acuerdo a mi estado de conciencia y sin ánimo de contradecir el Magisterio que ustedes representan:

1. En la moral católica hemos aprendido la pertinencia de establecer grados en la gravedad de las faltas y que estamos en el deber de decir toda la verdad, no solo parte de ella. Considero que al no establecer matices entre los tipos de abortos se nos coloca a quienes defendemos la interrupción del embarazo en ciertas circunstancias, como una opción a favor de la vida de una madre, en la misma situación de aquellos que lo proponen como política de control natal o simple conveniencia personal.
2. Me parece oportuno que se revise la orientación de llamar a no votar por determinados candidatos, pues no ha sido tradición de la iglesia tomar partido de forma tan directa en una materia tan delicada como es la cuestión de simpatías políticas.
3. Creo que se debe evitar la mención y alusión directa a mi persona o a cualquiera de los colegas que están en mi situación, toda vez que esto pudiera entenderse como una acción intimidatoria o al menos como uso desproporcionado de la fuerza moral que todos le reconocemos a la Iglesia Católica Dominicana.
4. Estoy convencida de que, independientemente de si me asiste la razón o estoy equivocada, he actuado de buena fe y siguiendo los dictados de mi conciencia. He dicho públicamente que no puedo favorecer ninguna medida que no esté dispuesta a cumplir de manera personal, y si mi hija estuviera en peligro de muerte en una situación de embarazo, que Dios no quiera, no dudaría en apoyar su decisión de interrumpirlo. La interrupción del embarazo en situaciones como éstas a que se ven enfrentadas miles de mujeres, especialmente las más pobres de nuestro país, es el que yo he defendido. Por eso me siento injustamente tratada cuando se me pone en el mismo bando de quienes lo hacen por motivaciones de otra naturaleza.
5. Reconozco el derecho de la Iglesia a defender sus puntos de vista en asuntos doctrinarios y de fe, pero sin olvidar que esta defensa no puede ser a cualquier precio, como se desprende de las enseñanzas que nos ofrece la historia y que ha justificado la petición de perdón y las rectificaciones introducidas. Confieso que me he sentido hondamente lastimada en mi condición de cristiana y mujer que ha construido un nombre en función de una conducta digna, reconocida por muchos en mi comunidad, quienes me han elegido como su representante ante el Congreso Nacional. Me he sentido aun más dolida y confundida porque se pretende estigmatizarme en un grado tal que supera a verdaderos criminales que asolan a la juventud dominicana promoviendo el vicio o depredando el patrimonio nacional, pero cuyos nombres no son mencionados públicamente como se ha hecho con el mío.
6. Creo que la verdad y el establecimiento de la razón deberán imponerse por su propio peso, sin necesidad de acudir al recurso de la fuerza, ya sea esta física o moral. Como fiel creyente en el sistema democrático, he aceptado con buena actitud la decisión de mis colegas diputados y diputadas de acoger en primera lectura el Art. 30 tal como fue remitido por el Presidente Fernández y por igual lo aceptaría si este fuera el designio final de la mayoría.
   
   Con sentimientos de profundo respeto y con la esperanza de que ponderen estas consideraciones, les saludo con humildad y afectos,
   
   
   Atentamente,
   
   
   Dra. Magda Alina Rodríguez Azcona